Opinión. Miercoles, 22 de Abril, 2026

El pueblo dominicano se ha acostumbrado, de la peor manera, a la ineficiencia de las autoridades y a la precariedad de los servicios públicos, e incluso de muchos servicios privados que arrastran las mismas fallas desde hace años. No se trata únicamente de los administradores que estuvieron, los que están o los que vendrán; se trata de un sistema corrompido, en el que no ha existido suficiente voluntad política para frenarlo. Los funcionarios llegan al poder, lanzan promesas al vacío y, con frecuencia, actúan como si no tuvieran el compromiso ni la responsabilidad de garantizar un servicio digno a la población.

El manejo de la cosa pública se ha convertido en una chercha, y lo más preocupante es que gran parte de la ciudadanía parece haber normalizado esa realidad. Se ha vendido la idea de que lo estatal es «gratis» y debe aceptarse como un favor, cuando en realidad el Estado funciona con los recursos que aporta la población mediante los impuestos, incluso en lo más mínimo. Sin embargo, es evidente que todavía falta conciencia ciudadana sobre el verdadero origen de esos fondos y sobre el derecho que tiene cada dominicano a exigir transparencia, eficiencia y resultados.

Un ejemplo claro de esta situación es el sistema del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, indispensable para la movilidad en la capital, pero que en los últimos meses ha registrado fallas e interrupciones constantes, dejando varados a miles de usuarios. Las autoridades no ofrecen soluciones definitivas ni explicaciones coherentes. El caso más reciente ocurrió la mañana del lunes 20 de abril, cuando cientos de personas quedaron atrapadas por una supuesta falla eléctrica que hasta el momento la Empresa Metropolitana de Transporte no ha esclarecido. Solo informaron cuando el servicio fue restablecido y ofrecieron un viaje gratis, como si el costo del pasaje sustituyera la obligación de rendir cuentas.

La República Dominicana necesita autoridades que representen los intereses del pueblo y asuman con seriedad el compromiso de gobernar. Pero también necesita una ciudadanía más consciente y demandante, menos conformista, capaz de reclamar sus derechos y hacerlos valer. Porque el mal servicio no se limita al transporte: se refleja en educación, salud, tránsito, energía, meteorología, asistencia social, universidades, comunicación institucional, inversión en obras y suministro de agua. Son tantas las fallas que harían falta páginas enteras para enumerarlas, pero lo urgente es comprender que no se puede seguir viviendo bajo la resignación como norma.