Opinión. Lunes, 27 de Enero de 2025
Las academias de tiro, fundamentales para el entrenamiento responsable en el uso de armas de fuego, enfrentan una de las peores crisis de su historia. La presión de las autoridades, combinada con la percepción negativa de parte de la sociedad, está llevando a muchos propietarios al borde de la desesperación. En este contexto, no es extraño escuchar historias de pérdidas económicas que incluyen la confiscación de bienes como vehículos y la asfixia financiera impuesta por bancos y reguladores.
La razón detrás de este cerco parece estar anclada en una combinación de desconfianza institucional y falta de regulación clara que proteja el legítimo funcionamiento de estas academias. En lugar de ser vistas como aliadas en la promoción de la seguridad responsable, muchas son tratadas como focos de riesgo o incluso como negocios potencialmente ilegales.
El impacto no es solo económico; también está afectando la formación de ciudadanos, profesionales de la seguridad y miembros de las fuerzas armadas que necesitan espacios regulados y seguros para su capacitación. Sin estas academias, las alternativas pueden caer en manos de prácticas clandestinas, donde la falta de supervisión podría derivar en accidentes y usos irresponsables de armas de fuego.
Es urgente que las autoridades reconsideren su enfoque. En lugar de asfixiar a estas instituciones, deben establecer canales de diálogo y apoyo que garanticen su operatividad dentro de un marco legal claro y supervisado. Las academias, por su parte, también deben esforzarse en demostrar transparencia, cumpliendo con los estándares legales y éticos que aseguren su legitimidad ante el público y los reguladores.
En un momento en el que la seguridad es una prioridad en todo el mundo, las academias de tiro no deben ser vistas como un problema, sino como parte de la solución. Con un marco regulatorio adecuado y un cambio en la percepción social, pueden convertirse en baluartes de la seguridad y la responsabilidad en el manejo de armas.
El futuro de estas instituciones no solo depende de su capacidad para adaptarse a la normativa, sino también de la voluntad del Estado y la sociedad para reconocer su importancia en un mundo cada vez más complejo. ¿Estamos dispuestos a darles el lugar que merecen?
