Opinión. Miercoles, 17 de Diciembre, 2025

Esta semana el Congreso aprobó el Presupuesto General del Estado enviado por el Poder Ejecutivo; una pieza que, lejos de ser un instrumento de desarrollo, se consolida como una sentencia de estancamiento para la clase media dominicana.

Lo que el ministro de Hacienda ha presentado bajo el barniz de «mantener el equilibrio fiscal» es, en realidad, la validación de una omisión legal que tiene nombres y apellidos: la no indexación salarial.

Y es que, mientras el gobierno justifica la congelación de los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) bajo la premisa de la prudencia en el gasto, los contrastes de la gestión actual develan una injusticia ética y económica que clama al cielo.

Economistas, en varias ocasiones, han arrojado luz sobre el costo real de indexar los salarios. Se estima que, para cumplir con la ley y ajustar el salario exento de impuestos a la realidad inflacionaria actual, el Estado tendría que dejar de percibir unos 18,000 millones de pesos. Este monto permitiría elevar el mínimo exento desde los estancados 34,685 pesos hasta un umbral mucho más justo de 51,000 pesos mensuales.

Un ajuste que no debe verse como un capricho estadístico o una intención politiquera de la oposición, sino como un resarcimiento a más de 650 mil trabajadores que, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), devengan salarios de entre 35,000 y 100,000 pesos. Este grupo representa aproximadamente el 30% de toda la fuerza laboral formal del país; es el corazón de la clase media profesional y técnica, y es precisamente sobre ellos donde recae el peso de un impuesto que, por ley, ya no deberían estar pagando en la misma proporción.

Lo indignante no es solo el incumplimiento de la normativa, sino el contraste con la gestión del dinero público. Casi de manera simétrica, el país ha sido testigo de las medidas de coerción a los presuntos encargados del desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que alcanzan la astronómica cifra de 15,000 millones de pesos, al tiempo que se aprobaba el presupuesto sin la indexación.

Es decir, lo que se le niega a ese 30% de la fuerza laboral para aliviar su carga tributaria es prácticamente la misma cantidad que se ha esfumado en un solo «hoyo» institucional bajo la sombra de la corrupción.

Es evidente que, desde la gestión macroeconómica del gobierno, se trata de instrumentalizar la inflación como una herramienta de recaudación agresiva, cobrando impuestos sobre salarios que ya han perdido valor real. Al no indexar el tramo a los 51,000 pesos, el fisco le arrebata a un profesional promedio cerca de 30,000 pesos anuales, dinero que que debería aliviar el bolsillo de los trabajadores, pero que termina financiando la ineficiencia estatal.

El argumento de la prudencia fiscal se desmorona cuando se observa que el sacrificio se le exige exclusivamente al bolsillo del empleado. Si los organismos de control del Estado fueran capaces de blindar sus instituciones y evitar que más de 15,000 millones de pesos desaparezcan en una sola entidad como SeNaSa, el debate sobre si «hay dinero» para buscar un verdadero equilibrio fiscal carecería de sentido.

En fin, la reciente aprobación del presupuesto, ignorando la indexación salarial, es una forma de castigar la productividad de cientos de miles de dominicanos. Mientras el ahorro de los trabajadores se convierte en el «hoyo» de las instituciones, la clase media sigue financiando con su sudor un sistema que le devuelve servicios deficientes y una presión fiscal injusta e ilegal.

La indexación salarial reclamada por los legisladores de la Fuerza del Pueblo no es regalo ni capricho: es el derecho de profesionales y técnicos a que su salario no sea el botín de la ineficiencia.