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Oposición se une en rechazo a la aprobación acelerada del Código Penal

Nacionales. Friday, 17 de July, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.-  Sectores de la oposición política expresaron este viernes su rechazo a una eventual aprobación acelerada de las modificaciones al Código Penal y solicitaron al Congreso Nacional ampliar el proceso de estudio para evaluar con mayor profundidad las observaciones presentadas por instituciones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, advirtió que el proyecto contiene disposiciones «sumamente delicadas» que requieren una revisión minuciosa. Como ejemplo, citó el artículo 173, que sanciona la discriminación con penas de dos a tres años de prisión y la define como «todo trato desigual o vejatorio», sin precisar el alcance de este último concepto. A su juicio, esa redacción imprecisa podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias, afectar la seguridad jurídica y propiciar demandas abusivas contra empresas, con consecuencias que impactarían la inversión y la generación de empleos.

En la misma línea, los legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto manifestaron preocupación por la intención de conocer de manera «expresa y festinada» las observaciones remitidas por 84 organizaciones e instituciones. Los congresistas plantearon extender el período de vacatio legis, realizar vistas públicas o convocar reuniones de trabajo con los sectores consultados para profundizar el análisis técnico, jurídico y constitucional de las propuestas recibidas.

Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo coincidieron en que la aprobación de un nuevo Código Penal debe ser fruto de un proceso amplio, participativo y riguroso que garantice una legislación moderna, coherente y acorde con la Constitución. Asimismo, insistieron en que su postura no busca retrasar la reforma, sino evitar que una norma de tanta trascendencia sea aprobada sin el debido análisis, lo que podría generar futuras controversias legales y acciones de inconstitucionalidad.