DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.-  El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación ante el incremento sostenido de muertes a manos de la Policía Nacional, las cuales son catalogadas de manera recurrente por las autoridades como «intercambios de disparos». La organización política advirtió que esta situación no puede seguir siendo ignorada, subrayando que la lucha contra la delincuencia no debe convertirse en una práctica de eliminación física de personas.

Durante una rueda de prensa encabezada por los vicepresidentes del partido Temístocles Montás e Yván Lorenzo, el secretario de Asuntos Jurídicos José Dantés y el coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa Sigfrido Pared Pérez, la entidad política señaló que solo en septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales, mientras que organizaciones de derechos humanos cifran en más de 180 las personas fallecidas en operativos de las fuerzas del orden durante los primeros meses del año. Asimismo, el PLD criticó la falta de estadísticas transparentes y de información detallada por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones y los agentes sometidos a la justicia.

El partido opositor recordó que el artículo 7 de la Constitución define al país como un Estado social y democrático de derecho, y que el artículo 37 consagra la inviolabilidad de la vida y prohíbe la pena de muerte, enfatizando que ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales ni declarar culpable a un ciudadano. En ese sentido, señalaron que el presidente Luis Abinader, como máxima autoridad civil de la institución del orden según el artículo 255 de la carta magna, tiene la responsabilidad política de garantizar que la seguridad ciudadana se aplique bajo el marco legal, advirtiendo que la falta de supervisión y el silencio ante estas muertes pueden generar impunidad.

Ante este panorama, el PLD formuló un pliego de siete propuestas puntuales dirigidas al Gobierno y a las autoridades competentes, las cuales contemplan una instrucción presidencial pública, investigaciones independientes, transparencia estadística, rendición de cuentas en el Congreso, supervisión externa y tecnología, una reforma policial centrada en derechos, y la investigación exhaustiva de la responsabilidad de mando.