DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que los delitos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información sean despenalizados en el Código Penal y que, en lugar de sanciones privativas de libertad, se establezcan únicamente sanciones de carácter económico.

El legislador sostuvo que varios países de la región han optado por ese modelo, citando los casos de Argentina, Panamá, Perú y Nicaragua, donde, según explicó, las sanciones por estos delitos son económicas o incluyen servicios comunitarios. Asimismo, recordó las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, quien afirmó que «la libertad de expresión no es solamente una protección jurídica. Es el oxígeno de la democracia», al considerar que silenciar las ideas representa una amenaza para las sociedades democráticas.

Bautista destacó que la Constitución dominicana de 2010 consagra la libertad como un derecho fundamental en varios de sus artículos, especialmente el artículo 49, que garantiza el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información sin censura previa. Afirmó que estas garantías protegen el ejercicio del periodismo, las investigaciones, las denuncias públicas, las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, elementos que consideró esenciales para fiscalizar la gestión pública y fortalecer la democracia.

El senador valoró la creación de la comisión bicameral que estudiará las modificaciones al Código Penal, al entender que permitirá debatir las observaciones presentadas por distintos sectores de la sociedad. En ese contexto, citó al jurista Cristóbal Rodríguez, quien planteó que la reforma debe garantizar principios como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas y la protección efectiva de la libertad de expresión e información, eliminando figuras penales ambiguas o incompatibles con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Rodríguez también consideró necesario revisar aspectos relacionados con la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones sobre el aborto, temas que, a su juicio, deben formar parte del debate durante el proceso de revisión de la iniciativa.