DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que ha suspendido de oficio 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) de funcionarios electos y designados en lo que va de 2026, como parte de la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que establece un régimen de inhabilidades para contratar con el Estado.

La institución explicó que la medida, que incluye la suspensión de los registros de once senadores realizada el pasado 19 de junio, responde a las disposiciones del artículo 38 de la nueva legislación, vigente desde enero de este año. A diferencia de la derogada Ley 340-06, que permitía una participación accionaria de hasta un 10 % en determinadas sociedades, la nueva normativa prohíbe cualquier participación societaria de funcionarios electos y designados, independientemente del porcentaje, mientras permanezcan en sus cargos.

La DGCP recordó que el pasado 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de su RPE. Explicó que, vencido ese plazo, procedió a realizar las suspensiones de oficio, conforme al Reglamento de Aplicación 52-26, tras labores de verificación y cruces de datos.

El órgano rector aclaró que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado no constituye una sanción administrativa, sino una medida preventiva destinada a garantizar la integridad del sistema de contrataciones públicas y el cumplimiento de la Ley 47-25. Asimismo, reveló que entre 2020 y 2025 suspendió 591 registros de funcionarios y autoridades municipales bajo las disposiciones de la derogada Ley 340-06.