Hay una discusión que República Dominicana no puede seguir evadiendo: ¿estamos protegiendo realmente al ciudadano de bien o estamos dejando en desventaja a quienes cumplen la ley frente a quienes decidieron violarla?

Mientras la delincuencia organizada consigue armas de alto poder de fuego, incluyendo pistolas y fusiles, el ciudadano que trabaja, paga impuestos y cumple las normas encuentra cada vez más obstáculos cuando intenta ejercer su legítimo derecho a proteger su vida y la de su familia.

Y aquí surge una pregunta incómoda:

¿Quién está más preparado para enfrentar una situación de peligro: el delincuente armado ilegalmente o el ciudadano honesto que no tiene cómo defenderse?

No estoy planteando una sociedad sin reglas ni una carrera armamentista. Estoy planteando que el Estado debe revisar seriamente su política de acceso a las armas de fuego para ciudadanos responsables.

Si una persona cumple con todos los requisitos legales, supera evaluaciones psicológicas, no tiene antecedentes penales, recibe capacitación obligatoria en seguridad y manejo responsable de armas y demuestra condiciones para tenerla, ¿por qué debe ser tratada como una amenaza mientras el delincuente consigue armas en el mercado ilegal?

La discusión debe ser seria.

No se trata de entregar fusiles automáticos a cualquiera. Se trata de discutir si el ciudadano responsable debe tener mayores posibilidades legales de acceder a medios adecuados de defensa, bajo controles estrictos del Estado.

Estados Unidos, por ejemplo, incorporó en su Carta de Derechos la Segunda Enmienda, que establece el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Pero incluso ese modelo tiene una historia constitucional y jurídica propia que no puede trasladarse mecánicamente a República Dominicana.

República Dominicana necesita encontrar su propio equilibrio.

Porque tampoco podemos caer en el extremo contrario: prohibir o dificultar tanto el acceso legal que solamente queden armados quienes están dispuestos a violar la ley.

La seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente de que una patrulla llegue después de ocurrido el delito.

La prevención también significa darle herramientas al ciudadano para protegerse dentro del marco de la ley.

Y hay una frase popular que resume perfectamente esta discusión:

“Dios hace a los hombres iguales, pero la marca Browning los hace diferentes.”

La frase puede sonar provocadora, pero detrás de ella hay una realidad: en una sociedad donde existen personas dispuestas a utilizar armas para robar, matar y someter a otros, la capacidad de defensa importa.

Por eso llegó el momento de abrir un debate nacional sobre una nueva política de armas para ciudadanos responsables, basada en tres principios:

1. Derecho.
El ciudadano que cumpla la ley debe tener mecanismos claros para acceder legalmente a medios de defensa.

2. Responsabilidad.
Toda persona autorizada debe recibir entrenamiento, evaluación y certificación sobre el uso seguro y responsable de un arma.

3. Control.
Las armas de uso estrictamente militar y aquellas cuya posesión represente un riesgo extraordinario deben continuar sometidas a controles especiales.

El Estado tiene la obligación de combatir el tráfico ilegal de armas con toda su fuerza. Pero también tiene la obligación de preguntarse si sus políticas están creando, involuntariamente, una sociedad donde los criminales están mejor armados

Por Luis Padilla