Estoy convencido de que República Dominicana debe abrir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre el derecho del ciudadano de bien a poseer y portar armas para la defensa propia, de su familia y de su patrimonio.

No estoy hablando de entregar armas a cualquiera. Estoy hablando de establecer un sistema legal en el que un ciudadano que cumpla con los requisitos, no tenga antecedentes criminales, supere las evaluaciones correspondientes y demuestre capacitación y responsabilidad pueda ejercer legalmente su derecho a la legítima defensa.

La delincuencia no está esperando permisos.

Mientras ciudadanos honestos viven sometidos al temor de ser asaltados, existen delincuentes que consiguen armas ilegales y, en algunos casos, armas de gran poder de fuego.

Entonces debemos hacernos una pregunta:

¿Debe el ciudadano que respeta la ley estar completamente indefenso frente al delincuente que decidió violarla?

Estados Unidos incorporó en su Carta de Derechos la Segunda Enmienda, que reconoce el derecho del pueblo a poseer y portar armas.

República Dominicana tiene su propia Constitución, sus propias leyes y su propia realidad. Por eso no propongo copiar automáticamente el modelo estadounidense. Propongo que estudiemos nuestra realidad y construyamos un modelo dominicano que combine derecho, responsabilidad, capacitación y control estatal.

El ciudadano autorizado debe conocer la ley, saber utilizar responsablemente un arma y comprender perfectamente cuándo puede utilizarla y cuándo no.

La defensa personal tampoco puede convertirse en una excusa para hacer justicia por mano propia.

Una cosa es defenderse de una agresión ilegítima e inminente y otra muy distinta es convertirse en autoridad, perseguir delincuentes o tomar la justicia por cuenta propia.

Por eso mi propuesta es sencilla:

Ciudadano responsable: derecho legal a defenderse.

Delincuente: persecución implacable y cero tolerancia al tráfico ilegal de armas.

Estado: controles estrictos, capacitación obligatoria y fiscalización permanente.

No podemos construir una sociedad segura desarmando moral y legalmente al ciudadano mientras el crimen organizado busca cada vez mayor capacidad de fuego.

La discusión debe comenzar.

Porque la seguridad no puede ser solamente esperar que la Policía llegue después del delito.

El ciudadano de bien también merece tener herramientas legales para proteger su vida.

Y como dice aquel viejo refrán, con una dosis de humor y mucha realidad:

“Dios hace a los hombres iguales, pero la marca Browning los hace diferentes.”

Ha llegado el momento de discutir seriamente cómo garantizar que la ley proteja al ciudadano responsable, sin convertir a República Dominicana en una sociedad sin controles.

Armas legales para ciudadanos responsables.
Armas ilegales fuera de las calles.
Y un Estado que garantice seguridad y justicia.

Por Luis Padilla