Opinión. Friday, 28 de August, 2026
Me parece, cuando menos, cuestionable la forma en que el Servicio Nacional de Salud (SNS) decidió presentar la reducción de la mortalidad neonatal registrada en los hospitales de la Red Pública de Salud. Según informó la institución, entre enero y julio de 2026 se produjo una disminución de 30.1 % en las muertes neonatales en comparación con el mismo período de 2019, lo que representa 327 muertes menos que hace siete años.
Nadie debería oponerse a una reducción de la mortalidad neonatal. Al contrario, cada vida de un recién nacido que se logra preservar constituye una buena noticia y merece ser celebrada. El problema no está necesariamente en el dato, sino en la comparación escogida para presentarlo. Si el propósito es demostrar los resultados de una administración gubernamental, lo lógico sería conocer cómo ha evolucionado el indicador respecto al año inmediatamente anterior, es decir, 2025, y no remontarse hasta 2019.
Han transcurrido siete años desde aquel período. En ese tiempo la República Dominicana ha experimentado cambios importantes en su sistema sanitario, tanto en infraestructura como en tecnología, capacitación del personal médico, protocolos de atención, medicamentos y equipamiento especializado. El propio comunicado del SNS enumera una larga lista de iniciativas que, según explica, han sido implementadas para mejorar la atención neonatal: fortalecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, incorporación de tecnología, vigilancia de infecciones, terapia de hipotermia, disponibilidad de surfactante y cafeína, nutrición parenteral, ampliación del programa Mamá Canguro y programas para detectar tempranamente problemas visuales y auditivos.
Precisamente por eso resulta extraño que, para medir el supuesto avance, se escoja como punto de referencia un año tan distante. Si hoy contamos con mejores herramientas, mayor conocimiento médico, nuevos protocolos y una infraestructura sanitaria supuestamente fortalecida, es razonable esperar que los indicadores sean mejores que los de hace siete años. Pero esa comparación, por sí sola, no permite determinar cuánto se ha avanzado en los últimos doce meses ni cuánto de esa reducción puede atribuirse específicamente a las políticas implementadas durante la actual gestión.
La población merece conocer todos los números, no solamente aquellos que resultan más favorables para el discurso institucional. Sería mucho más esclarecedor que el SNS informara, por ejemplo, cuántas muertes neonatales se produjeron entre enero y julio de 2025 y cuántas en el mismo período de 2026; cuál fue la tasa de mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos en ambos períodos; cuáles hospitales registraron las mayores reducciones y cuáles, por el contrario, experimentaron aumentos; y qué resultados concretos han producido las medidas implementadas.
También sería importante conocer si la reducción ha sido sostenida durante los últimos años o si responde a fluctuaciones puntuales. Comparar 2026 con 2019 puede servir como referencia histórica, pero presentarlo como la principal evidencia del éxito de las políticas actuales puede conducir a una lectura incompleta de la realidad.
Las autoridades tienen todo el derecho de comunicar sus logros y la ciudadanía tiene todo el derecho de cuestionar la metodología utilizada para presentarlos. Una buena gestión pública no debería temerle a las comparaciones directas, incluso cuando estas no sean tan favorables.
Por eso, más que cuestionar que hayan disminuido las muertes neonatales, lo que corresponde es pedir mayor transparencia y contexto. Si el SNS afirma que las estrategias implementadas están dando resultados, que muestre la evolución año por año y, especialmente, la diferencia entre 2025 y 2026.
La reducción de la mortalidad neonatal es demasiado importante como para convertirla en una simple cifra de propaganda institucional. Detrás de cada porcentaje hay una vida que se perdió o que logró salvarse, una familia y un sistema de salud que debe responder. Precisamente por respeto a esas vidas, las estadísticas deben presentarse con rigor, contexto y sin comparaciones que puedan parecer escogidas convenientemente.
La población dominicana no necesita que le adornen los números; necesita que se los expliquen.