Para quienes analizamos a diario la política pública y la institucionalidad de la República Dominicana, admitir el fracaso de una meta nacional es doloroso, pero la realidad en nuestras aulas ya no permite más eufemismos. Durante más de un decenio hemos visto desfilar miles de millones de pesos bajo la bandera del 4 % para la educación. Sin embargo, si analizamos los resultados desde la estricta perspectiva del derecho y la eficiencia estatal, la conclusión es ineludible: el sistema educativo dominicano se encuentra en un estado de colapso estructural.
El deterioro empieza en el espacio físico y el entorno donde pretendemos formar a las futuras generaciones. Es alarmante presenciar el estado de abandono en que operan decenas de planteles escolares a lo largo del territorio nacional: aulas hacinadas, filtraciones crónicas, falta de agua potable, baños inoperables y fallas graves en la infraestructura básica. Garantizar un espacio digno e higiénico para el aprendizaje es una obligación constitucional del Estado, no una dádiva. Mantener a los niños asistiendo a escuelas en condiciones precarias atenta directamente contra su dignidad y su desarrollo integral.

Más grave aún es la crisis en la calidad del contenido que reciben. Las pruebas nacionales e internacionales siguen arrojando métricas deplorables en lectura comprensiva y pensamiento matemático básico. Estamos graduando jóvenes que no entienden lo que leen ni poseen las herramientas mínimas para competir en un mercado laboral dinámico. La «escuela» dominicana se ha ido convirtiendo progresivamente en un centro de cuidado diario más que en un templo del saber, donde la prioridad parece ser cumplir con una jornada y un presupuesto, en lugar de asegurar la excelencia académica.

A este triste panorama se suma una distorsión institucional insostenible: la hipertrofia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Nadie cuestiona el legítimo derecho a la libertad sindical ni la búsqueda de reivindicaciones laborales; sin embargo, en los hechos, la directiva del gremio ha sobrepasado sus límites normativos para asumir atribuciones que le corresponden de manera exclusiva al Ministerio de Educación (MINERD).

Cuando un gremio decide de forma unilateral paralizar la docencia, alterar calendarios, suspender evaluaciones o condicionar nombramientos e intervenciones administrativas, se rompe el principio rector del servicio público. La educación es un derecho fundamental irrenunciable garantizado por el Artículo 63 de la Constitución. La ADP no puede estar por encima de la ley, ni el MINERD puede seguir cediendo su rol de órgano rector y máxima autoridad del sistema educativo por mero cálculo político.

El futuro de la República Dominicana se está comprometiendo cada día que se pierde una hora de clases en un aula deteriorada. Restablecer el orden exige una intervención firme: infraestructura adecuada, rigor pedagógico, evaluación docente sin chantajes y el rescate de la autoridad institucional por parte del Ministerio. De lo contrario, sigamos cerrando los ojos mientras los indicadores se desploman, pero que nadie se escandalice cuando se diga, con absoluta razón, que nuestra educación colapsó.

Por: Nicandro Jiménez