Una economía que puede exhibir cifras de crecimiento, pero que tiene el desafío de traducirlas en bienestar para las familias.

La República Dominicana atraviesa un momento de creciente presión económica y social. Para millones de dominicanos, especialmente los trabajadores, los hogares de menores ingresos y los sectores más vulnerables, vivir se ha convertido en un ejercicio permanente de sacrificios.

La compra de alimentos esenciales representa cada vez una mayor preocupación. El arroz, los huevos, el aceite, las carnes y otros productos indispensables absorben una proporción creciente del presupuesto familiar. Incluso en los mercados populares, donde tradicionalmente se conseguían mejores precios, los vegetales, las frutas y los víveres han dejado de representar una alternativa económica para muchas familias.

Los datos confirman la dimensión del problema: en septiembre de 2026, la inflación interanual para los hogares de menores ingresos alcanzó el 4.92 %, mientras el costo promedio de la canasta familiar nacional llegó a RD$49,966 mensuales. Esto refleja una realidad particularmente difícil para quienes perciben salarios bajos y deben cubrir alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos.

A esta presión se agrega el comportamiento de los combustibles. La gasolina premium alcanzó los RD$362.10 por galón en la semana del 7 al 13 de noviembre, después de un nuevo aumento de RD$4.00. El impacto de los combustibles repercute en el transporte de pasajeros, la distribución de mercancías y los costos de producción, trasladando nuevas presiones a la economía familiar.

Tampoco puede ignorarse el incremento del marbete para el período 2026-2027, que pasó a RD$2,000 para vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los fabricados desde 2022. A ello se suma la preocupación que genera la política tributaria y la posibilidad de nuevas cargas fiscales, aunque el ministro de Hacienda ha declarado recientemente que el Gobierno no contempla una nueva reforma fiscal en la actual coyuntura.

Las pequeñas y medianas empresas también enfrentan un escenario complejo. La implementación de la factura electrónica, que alcanza nuevas etapas de obligatoriedad, exige adecuaciones tecnológicas, administrativas y económicas. Su aplicación debe acompañarse de facilidades, orientación y apoyo estatal, evitando que los pequeños comerciantes terminen trasladando costos adicionales a los consumidores o vean comprometida la continuidad de sus negocios. Es importante aclarar que la factura electrónica no crea por sí misma un nuevo impuesto del 18 %: el ITBIS se rige por las disposiciones tributarias vigentes.

Pero la preocupación nacional va más allá de la economía doméstica. La población también demanda respuestas frente a las deficiencias de los servicios públicos, particularmente en salud y educación. Las dificultades de acceso, los gastos que deben asumir los pacientes y las debilidades en la calidad educativa revelan problemas estructurales que no pueden resolverse únicamente con anuncios, presupuestos o reformas administrativas.

El debate sobre el desarrollo nacional exige, por tanto, mirar más allá de los indicadores macroeconómicos. El crecimiento económico tiene verdadero sentido cuando se traduce en mejores salarios, empleos dignos, alimentos asequibles, servicios públicos eficientes y oportunidades para todos. Como ha advertido la prensa nacional en sus reflexiones editoriales, el país necesita que el desempeño económico se refleje en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

En este contexto, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha convocado a una gran marcha nacional para el próximo 29 de noviembre, en protesta contra el alto costo de los productos de primera necesidad. Una movilización que coloca en el centro de la discusión una preocupación que ya se siente en los hogares, los barrios, los mercados y los pequeños establecimientos comerciales.

La demanda es clara: el Gobierno debe asumir con mayor responsabilidad la protección del poder adquisitivo, impulsar la producción nacional, revisar las cargas que afectan a los sectores productivos, respaldar a las mipymes y garantizar servicios públicos de calidad.

La verdadera medida del progreso de una nación no está solamente en sus cifras de crecimiento, sino en la capacidad de su gente para vivir con dignidad. Cuando comprar alimentos, pagar el transporte y acceder a la salud y la educación se convierten en una carga insoportable, estamos frente a un problema que exige respuestas urgentes. Porque la economía debe estar al servicio de la gente, no la gente condenada a sobrevivir bajo el peso de la economía.

El autor es analista y MA

Por Manuel Brito 
Abogado/Periodista