Opinión. Thursday, 21 de May, 2026

Por: Daniel Ortiz 

Durante la última década, la violencia se ha convertido en una de las heridas sociales más profundas que enfrenta la República Dominicana. Aunque las estadísticas oficiales muestran períodos de reducción en algunos indicadores, la percepción ciudadana refleja otra realidad: el miedo ha comenzado a instalarse en los hogares, en las calles y hasta en los espacios que antes parecían seguros. Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Interior y Policía evidencian que el país ha atravesado fluctuaciones importantes en la tasa de homicidios durante los últimos diez años. En 2018, por ejemplo, las autoridades reportaron una reducción de un 15 % en homicidios respecto al año anterior; sin embargo, entre 2023 y 2024 las cifras volvieron a generar preocupación, alcanzando tasas superiores a los 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, antes de registrar descensos recientes hacia niveles cercanos a 8.7 en 2025 pero con el ritmo que llevamos en este año parecería que superaremos el año pasado.

Pero más allá de los números, la violencia tiene un rostro humano. Cada hecho violento deja una familia destruida, una madre sin hijo, niños marcados por el trauma y comunidades enteras atrapadas entre la impotencia y la desesperanza. Los constantes casos de feminicidios, atracos, conflictos sociales, riñas y actos criminales que se conocen casi a diario han incrementado la preocupación colectiva. La ciudadanía siente que la violencia ya no distingue edad, clase social ni territorio. El miedo a salir de noche, la inseguridad en los barrios y la creciente intolerancia en la convivencia cotidiana son señales claras de que estamos frente a una crisis que no puede seguir siendo vista únicamente como un problema policial.

La violencia no nace de la nada. Es el resultado de múltiples factores acumulados durante años: desigualdad social, desempleo, pérdida de valores, desintegración familiar, consumo de drogas, falta de oportunidades para los jóvenes y debilidad institucional en algunos espacios. También influye una preocupante normalización de la agresividad en la sociedad, donde muchas veces el diálogo ha sido sustituido por la confrontación. Cuando una sociedad pierde la capacidad de escuchar, comprender y convivir, comienza lentamente a destruirse desde adentro. Por eso combatir la violencia requiere mucho más que patrullas y operativos; exige educación, orientación emocional, oportunidades reales y una cultura de respeto mutuo.

Hoy más que nunca, el país necesita un esfuerzo colectivo. El Estado debe fortalecer las políticas públicas enfocadas en prevención, educación y seguridad ciudadana, pero también las asociaciones comunitarias, juntas de vecinos, organizaciones juveniles y entidades religiosas deben asumir un rol activo en la reconstrucción del tejido social. Las iglesias pueden seguir siendo espacios de orientación y esperanza; las comunidades deben promover actividades deportivas, culturales y educativas que rescaten a la juventud; y las familias necesitan volver a convertirse en el primer espacio de formación en valores. La violencia no se combate únicamente desde los tribunales, sino desde los hogares, las escuelas y las calles donde convivimos diariamente.

La República Dominicana todavía está a tiempo de cambiar esta realidad. No podemos acostumbrarnos al dolor ni permitir que el miedo se convierta en la nueva normalidad. Este es un llamado a la sensibilidad de hombres y mujeres de buena voluntad, sin importar diferencias políticas, sociales o religiosas, para unir esfuerzos en favor de la paz y la convivencia. Porque cuando la violencia avanza, perdemos todos; pero cuando una sociedad se une para defender la vida, la esperanza vuelve a abrirse camino. El pueblo dominicano merece vivir con tranquilidad, con respeto y con la confianza de que un futuro más seguro todavía es posible.