Lo ocurrido en la Fiscalía de GASPRe, en Santo Domingo Oriental, no es un simple malentendido administrativo: es una señal alarmante de cómo la justicia, en la práctica, se le sigue negando al ciudadano común.

Una persona acude un viernes a interponer una denuncia por robo, un delito real, concreto y frecuente que afecta directamente la seguridad y la tranquilidad de la población. Al llegar, se le informa que “se acabaron los tickets” y que debe regresar otro día. Ya ahí hay una falla grave: la justicia no debería depender de un turno numerado, mucho menos cuando se trata de una institución llamada a recibir denuncias penales.

El sábado, haciendo el esfuerzo de llegar a las 7:00 de la mañana, la respuesta es aún más preocupante: la magistrada no atenderá casos de robo, solo asesinatos y heridas.
La pregunta obligada es: ¿desde cuándo el derecho a denunciar depende del tipo de delito y del ánimo del día?

Los robos no son hechos menores. Son la antesala de delitos mayores, generan violencia, afectan la economía familiar y crean una peligrosa sensación de impunidad. Cuando una fiscalía decide, de facto, no recibir denuncias de robo, envía un mensaje claro: “denunciar no vale la pena”. Y ese mensaje es gasolina para la delincuencia.

Estas “vacas montería” —cierres informales, criterios discrecionales y excusas administrativas— no solo violan el espíritu del Código Procesal Penal, sino que rompen la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La fiscalía no puede operar como si fuera una oficina privada con horario selectivo; es un servicio público esencial.

La Constitución garantiza el acceso a la justicia. Negar la recepción de una denuncia es, en la práctica, negar ese derecho. No se trata de falta de comprensión hacia la carga laboral, sino de exigir soluciones: más personal, mejor organización, turnos claros y, sobre todo, voluntad institucional.

Hoy fue un robo. Mañana puede ser otro delito.
La justicia que se posterga, que se condiciona o que se selecciona, no es justicia.

Es momento de que las autoridades competentes revisen lo que está ocurriendo en la Fiscalía de GASPRe de Santo Domingo Oriental y corrijan estas prácticas. Porque cuando el ciudadano deja de denunciar, pierde el Estado, gana el crimen y se debilita la democracia.

Por Luis Padilla