El uso de pasamontañas por parte de tropas policiales regulares durante operativos y manifestaciones públicas debe ser motivo de reflexión y debate. Una cosa es proteger la identidad de agentes que realizan labores especiales de alto riesgo, y otra muy distinta es convertir el rostro cubierto en una práctica habitual entre agentes que interactúan directamente con la ciudadanía.

Cuando un ciudadano se encuentra frente a un agente uniformado cuyo rostro está completamente cubierto, se dificulta su identificación posterior. Esto puede generar desconfianza y, en determinadas circunstancias, abrir espacio para excesos, abusos de autoridad o actos de corrupción que luego resulten difíciles de investigar.

La Policía tiene la responsabilidad de garantizar el orden, pero también debe actuar bajo principios de transparencia, identificación y rendición de cuentas. El uniforme policial representa autoridad pública y, precisamente por eso, quien lo porta debe poder ser identificado de manera adecuada, salvo en aquellas operaciones especiales donde exista una justificación legal y operativa para preservar su identidad.

No se trata de cuestionar a todos los agentes que utilizan esta protección. Muchos policías arriesgan diariamente su vida y merecen nuestro respeto. El debate es institucional: ¿hasta dónde debe llegar la protección de la identidad de un agente cuando está ejerciendo funciones de seguridad frente a ciudadanos comunes?

La prevención del abuso policial también requiere mecanismos claros de identificación. Número de placa, identificación visible, protocolos de actuación y sistemas de supervisión pueden contribuir a proteger tanto al ciudadano como al propio agente.

Cubrir el rostro puede ser necesario en determinadas circunstancias operativas, pero no debería convertirse en una herramienta para borrar la responsabilidad individual.

La autoridad policial necesita respeto, pero el respeto no se construye desde el anonimato. Se construye desde la disciplina, la profesionalidad, la transparencia y el cumplimiento de la ley.

La seguridad ciudadana y los derechos ciudadanos no son enemigos. Una Policía moderna debe ser capaz de proteger a la población y, al mismo tiempo, garantizar que sus actuaciones puedan ser identificadas, supervisadas y, cuando corresponda, investigadas.

Columna de opinión para Diario Eco
Luis Padilla