Nacionales. Tuesday, 17 de November, 2026
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al programa Supérate, que incluya sus procesos de incorporación de beneficiarios, desembolsos y mecanismos de control. También pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles actuaciones con implicaciones penales, respetando el debido proceso.
La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. El dirigente denunció que, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, Supérate habría dispuesto la incorporación de 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil inclusiones que, según sus cálculos, representan un costo anual de RD$8,196 millones.
Alburquerque cuestionó que esas incorporaciones se realizaran antes de que los hogares fueran categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), entidad que, según afirmó, tiene la responsabilidad legal de identificar y clasificar a las familias en situación de pobreza. También criticó la Resolución 071-2026, relativa al Bono Navideño, por considerar que deja al margen a ese organismo en funciones de identificación y categorización de los beneficiarios.
El dirigente opositor señaló que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones y que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla otros RD$4,000 millones. La FP sostuvo que es necesario esclarecer los criterios utilizados para seleccionar a los destinatarios de esos recursos y determinar si las ayudas llegan a las familias que cumplen los requisitos establecidos.
Alburquerque afirmó que su organización no cuestiona la existencia de los programas sociales, sino el supuesto uso político de los subsidios. En ese sentido, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar los recursos destinados a la protección social con fines clientelares y electorales, señalamientos que forman parte de la denuncia presentada por la organización opositora.