DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves presuntas inconsistencias técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la presa de Hatillo, en el río Yuna, y solicitó suspender las operaciones hasta que se aclaren las diferencias entre el volumen autorizado y las cantidades contempladas en los contratos.

Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la organización política, afirmó que el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) autoriza la extracción de 100,000 metros cúbicos durante seis meses. Sin embargo, aseguró que tres contratos suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 contemplan un total de 1,330,694 metros cúbicos, más de 13 veces la cantidad autorizada.

Abreu también cuestionó la transparencia en el aprovechamiento comercial de la grava y la arena extraídas, al estimar que la operación podría generar beneficios cercanos a los RD$1,000 millones, luego de descontar los costos calculados. Asimismo, señaló que no se ha establecido claramente cómo se destinarían recursos a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas.

Ante estas observaciones, la FP pidió una revisión técnica y jurídica del proyecto, con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y reclamó investigaciones de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Cámara de Cuentas. La organización también solicitó una veeduría ciudadana y la publicación de los contratos, estudios ambientales y demás documentos relacionados con la iniciativa.

Abreu aclaró que la organización no se opone a la limpieza de la presa, sino a que el proyecto se ejecute sin suficiente claridad sobre los volúmenes de extracción, los controles ambientales y los beneficios económicos para el Estado. Las diferencias señaladas corresponden a denuncias de la FP que requieren verificación por parte de las instituciones competentes.