Internacional. Monday, 16 de November, 2026
Unos 15.000 reclusos y capacidad para hasta 40.000, condenas de hasta mil años de cárcel, estrictas medidas de seguridad y un régimen de aislamiento extremo. Imágenes «coreografiadas» de presos rapados y tatuados, sometidos por guardias fuertemente armados.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de El Salvador, se ha convertido así en símbolo de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele y en modelo a imitar en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Más de una decena de Gobiernos de la región han propuesto construir «megacárceles» similares, aunque la mayoría de mucho menor capacidad. Especialistas consultados por DW cuestionan la utilidad y sostenibilidad de estas iniciativas.
Las «megacárceles de facto» ―es decir, por hacinamiento― preceden a Bukele en América Latina, recuerda a DW el criminólogo José Luis Pérez Guadalupe, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario y exministro de Interior del Perú. El penal de Lurigancho, en Lima, con capacidad para 3.000 reclusos, alberga hace décadas a casi 11.000.
Desde la inauguración del CECOT en 2023, sin embargo, el concepto de «megacárcel» parece asociarse, sobre todo, a recintos de máxima seguridad. Para Olga Espinoza, académica especializada en sistemas penitenciarios en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, esa asociación resulta problemática, porque implica asumir que toda la población penal requiere sanciones «de una altísima severidad».
Según Espinoza, destinar a toda la población penitenciaria a cárceles de máxima seguridad sería una «sobreintervención» ineficiente y extremadamente costosa. Estos recintos requieren inversiones elevadas en infraestructura, tecnología, personal especializado, mecanismos anticorrupción y programas de reinserción social.
Además, sería una medida ineficaz, porque «la evidencia internacional indica que cuando se ubica a todas las personas de diferentes perfiles en un mismo espacio, hay alto riesgo de contagio criminógeno», agrega la experta chilena. Varios grupos criminales de la región surgieron en cárceles hacinadas: el Tren de Aragua, en Venezuela; Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones en Ecuador; o el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) en Brasil.
Pero, incluso si se trata solo de recintos de gran tamaño, «no hay evidencia suficiente que sustente que construir megacárceles sea más económico», afirma Renato Rivera, analista sénior de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Aunque la apuesta por una sola infraestructura resulte atractiva, resulta «difícil» generar obra pública en América Latina. DW