Urge un registro nacional de ONG, brigadas, grupos de rescate y academias que participan en operativos de emergencia.

Cada año, cuando llega la Semana Santa, vuelven a aparecer en determinados puntos del país grupos que se identifican como “rescate”, “brigadas de emergencia”, “bomberos voluntarios”, “academias de bomberos” y organizaciones de socorro.

Los vemos en las playas, carreteras, puentes y zonas de gran concentración de personas. En lugares como Boca Chica y los alrededores del puente Juan Carlos, su presencia se hace especialmente visible.

Pero hay una pregunta que las autoridades deben responder:

¿QUIÉN LOS REGULA?

La pregunta no pretende descalificar el trabajo voluntario ni cuestionar a quienes realmente arriesgan su vida para ayudar a los demás. Todo lo contrario: el voluntariado de emergencia merece respeto, reconocimiento y protección.

Pero precisamente porque hablamos de rescate, primeros auxilios, emergencias y vidas humanas, no puede existir improvisación.

No basta con ponerse un uniforme, colocar un logo en un vehículo, utilizar una sirena o identificarse como “rescate” para asumir funciones que pueden tener consecuencias directas sobre la vida y la seguridad de las personas.

Tener una ONG no convierte a nadie automáticamente en rescatista oficial

En República Dominicana existen las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), reguladas por la Ley 122-05.

Pero una cosa es tener una organización constituida legalmente y otra muy diferente es estar habilitado, capacitado y autorizado para intervenir en determinadas operaciones de emergencia.

Una ONG puede tener personalidad jurídica y, sin embargo, eso no significa que tenga automáticamente competencia para actuar como cuerpo de bomberos, servicio de ambulancias, organismo de rescate acuático o institución oficial de respuesta.

Ahí es donde las autoridades deben poner orden.

¿DÓNDE TERMINA EL VOLUNTARIADO Y DÓNDE COMIENZA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO?

El país cuenta con un Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, en el que participan instituciones como la Defensa Civil, la Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Por eso resulta legítimo preguntar:

¿Existe un registro nacional actualizado de todos los grupos voluntarios de rescate que participan en los grandes operativos?

¿Quién verifica sus equipos?

¿Quién comprueba la capacitación de sus integrantes?

¿Quién supervisa sus ambulancias?

¿Quién certifica a sus socorristas?

¿Quién determina qué organización está autorizada para intervenir en una emergencia?

Y quizás la pregunta más importante:

¿Quién responde cuando algo sale mal?

Porque en una emergencia no hay espacio para la improvisación.

Un rescate mal ejecutado puede convertir una emergencia en una tragedia.

Una persona sin preparación puede agravar las lesiones de una víctima.

Una ambulancia sin condiciones adecuadas puede representar un riesgo.

Y una organización sin coordinación puede interferir con el trabajo de los organismos oficiales.

NO SE TRATA DE ELIMINAR EL VOLUNTARIADO

Que quede claro.

República Dominicana necesita voluntarios.

Necesita hombres y mujeres preparados para colaborar en incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, rescates acuáticos, búsqueda de personas desaparecidas, primeros auxilios y otras situaciones de emergencia.

Lo que no necesita es desorden institucional.

El voluntariado debe ser organizado, capacitado, identificado y coordinado.

No todo el que se pone un uniforme es bombero.

No todo el que tiene una ambulancia es un servicio de emergencia.

No todo el que crea una ONG está habilitado para realizar rescates.

Y no toda “academia de bomberos” necesariamente tiene autoridad para formar bomberos profesionales.

Estas diferencias deben quedar perfectamente establecidas.

SEMANA SANTA NO PUEDE SER LA TEMPORADA DE LA IMPROVISACIÓN

Por Luis Padilla | Diario Eco