Por: Luis Padilla

A menudo se cree que para ejercer el Derecho basta con conocer los códigos, memorizar los artículos y dominar las técnicas procesales. Sin embargo, existe un conjunto de principios que están por encima de cualquier norma escrita: la ética y la deontología jurídica. Sin ellas, el conocimiento legal puede convertirse en una herramienta vacía, o peor aún, mal utilizada.

Es fundamental distinguir ambos conceptos. La ética se refiere al ser: al carácter, a la convicción personal de hacer lo correcto de forma voluntaria. La deontología, por su parte, toma su nombre del vocablo griego deon, que significa deber. Es la ciencia que reúne el conjunto de reglas, deberes y principios éticos que corresponden exclusivamente a quienes ejercen esta profesión. Es una rama de la ética, pero con una característica que la hace única: está codificada, es decir, establecida claramente para todos los profesionales.

Sus rasgos propios son la legalidad, la claridad y precisión, el carácter público y, muy importante, la autorregulación: somos los propios profesionales los primeros llamados a vigilar por el cumplimiento de lo que nos corresponde hacer. Se apoya en valores irrenunciables: la prudencia al interpretar las leyes, la conciencia plena de la responsabilidad que se asume y la dignidad en cada acto realizado. Junto a ello, la autonomía profesional nos da la facultad de tomar decisiones técnicas, pero siempre asumiendo toda la responsabilidad por ellas.

¿Por qué resulta esto tan relevante para la sociedad dominicana? Primero, protege la profesión y a los ciudadanos: los códigos deontológicos evitan que personas sin la preparación necesaria se arriesguen a ejercer el derecho, lo que causaría graves perjuicios a quienes confían en su asesoría. Segundo, sirve de brújula en los momentos difíciles: cuando hay conflicto entre lo que solicita un cliente y lo que manda la justicia, o cuando la norma admite varias lecturas, es el deber deontológico el que marca el camino recto. No se trata de ganar a toda costa, sino de actuar con razón, equidad y apego al ordenamiento jurídico.

En nuestro país contamos con normativas claras al respecto, como el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las reglas que rigen al Ministerio Público y demás instituciones. Pero las leyes por sí solas no bastan: su efectividad depende de la conciencia de cada abogado, notario, juez o funcionario.

Decía un autor que «el Derecho sin justicia no es derecho, es solo fuerza». Y la justicia no se construye solamente en los tribunales: se construye cada día, en cada consulta, en cada escrito y en cada decisión, cumpliendo cabalmente con lo que nos debemos a nosotros mismos y a la sociedad.

La técnica enseña cómo hacerlo. La ética y la deontología nos enseñan si debemos hacerlo. Y esa diferencia es la que sostiene todo Estado de Derecho digno de ese nombre.

Luis Padilla | Especialista en Seguridad, Gestión de Emergencias y Formación Profesional