El proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que inicia el Consejo Nacional de la Magistratura representa, probablemente, la mayor prueba de credibilidad para ese compromiso. Entre los magistrados evaluados figura el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, cuyo período de siete años concluyó el pasado mes de abril.

Si el Consejo Nacional de la Magistratura decide ratificar a Luis Henry Molina, el presidente Abinader enviaría un mensaje contundente de que la independencia judicial no depende del partido que haya propuesto o designado originalmente a un funcionario, sino de su desempeño y de los resultados de su gestión. Esa decisión podría generar incomodidad dentro de sectores del oficialismo que preferirían un relevo en la presidencia del máximo tribunal, pero fortalecería la confianza en las instituciones y consolidaría un precedente para los gobiernos futuros: que la justicia no cambia al ritmo de los ciclos electorales.

Desde una perspectiva de estrategia comunicacional, esa sería la decisión que más fortalecería el legado institucional del presidente. Ratificar a Molina sería coherente con el discurso que ha defendido desde el inicio de su mandato y demostraría que las instituciones están por encima de las conveniencias partidarias. Un legado de esa naturaleza trasciende cualquier período presidencial y fortalece la democracia.

Sin embargo, la política suele analizar las decisiones desde otra óptica. Un estratega electoral podría recomendar justamente lo contrario: sustituir a Luis Henry Molina por considerar que fue designado durante la administración del expresidente Danilo Medina y que su permanencia no favorece los intereses políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a las elecciones de 2028. Desde esa lógica, el control de los espacios de poder siempre se convierte en un elemento de la estrategia política.

Precisamente ahí radica el verdadero dilema. Si la decisión responde a cálculos electorales, el mensaje sería que, pese al discurso sobre la independencia judicial, la política continúa imponiéndose sobre la institucionalidad. En cambio, si prevalece la continuidad basada en una evaluación objetiva, el presidente tendría la oportunidad de demostrar que su compromiso con la separación de poderes es real y no una simple narrativa de gobierno.

La evaluación de Luis Henry Molina trasciende la figura de un magistrado. Lo que realmente está en juego es la credibilidad de un discurso que ha acompañado al gobierno durante seis años. La decisión del CBM será observada no solo por la clase política, sino también por la sociedad y la comunidad internacional. En ella quedará reflejado si la independencia judicial en República Dominicana constituye un principio de Estado o una estrategia que depende de las circunstancias políticas.

Por Aridia Montero