11 de Noviembre, 2026
Opinión. Wednesday, 11 de November, 2026
En las últimas semanas se ha instalado en el debate público una idea: que los comercios y empresarios de capital chino incumplen la ley de forma sistemática. Los titulares sobre tiendas cerradas por el Ministerio de Trabajo y Pro Consumidor se acumulan, y el cierre de una fábrica de cartón en San Antonio de Guerra recibió el respaldo explícito, y común en la era Trump, de altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dando un espaldarazo al relato que algunos sectores vienen fraguando sobre una “amenaza a la competencia justa”.
Este análisis contrasta esa narrativa con las estadísticas oficiales del Estado dominicano. Su hipótesis es que los datos no sustentan la existencia de un patrón de incumplimiento propio del capital asiático, y que lo que sí revelan es una estigmatización que intenta y, a veces, termina moldeando la opinión pública.
Conviene empezar por lo básico. El sistema de estadísticas del Ministerio de Trabajo (formularios RLT-01, RLT-02 y RLT-03) no registra la nacionalidad ni el país de origen del capital de las empresas inspeccionadas. Solo clasifica por región, municipio y rama de actividad económica.
De ahí surge una pregunta metodológica y también política: si la estadística oficial no distingue el origen del capital, ¿de dónde sale el titular de “tiendas de inversionistas chinos”? No sale de la estadística, sale de la comunicación política. Se señala a un grupo concreto, algo que nunca se hace con el otro 96.5% de los comercios inspeccionados en el país. Esta práctica de singularización selectiva (singling out) construye una categoría que los datos oficiales no contemplan.
Entre enero y septiembre de 2026 se levantaron en el país 30,998 actas de inspección laboral. Frente a ese universo, el operativo de ocho días en 101 tiendas de capital chino generó 1,016 actas:
| Apercibimiento | Infracción grave | Total | |
| Nacional (ene-sep 2026) | 28,225 | 2,773 | 30,998 |
| Operativo en tiendas de capital chino | 974 (95.8%) | 42 (4.2%) | 1,016 |
Los apercibimientos son avisos preventivos que la ley otorga a cualquier negocio para regularizar trámites o faltas menores. Las 42 infracciones formales del operativo representan apenas el 1.51% de las infracciones graves del país en lo que va de año. El 98.49% restante, y el 96.55% de los apercibimientos, corresponde a empresas de capital local o de otros orígenes.
Además, las faltas señaladas, sea del Reglamento 258-93 de aplicación del Código de Trabajo o del Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, no son “vicios chinos”. Son manifestaciones de problemas estructurales de informalidad que atraviesan todo el tejido productivo y comercial dominicano.
La fábrica de cartón Cartesa, en San Antonio de Guerra, fue intervenida por carecer de certificado de uso de suelo y por almacenar combustible sin los permisos correspondientes. Estas faltas administrativas fueron utilizadas de inmediato por la diplomacia estadounidense como supuesta prueba de una “ilegalidad endémica china”.
Sin embargo, los registros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) y del Ministerio de Vivienda (MIVED) muestran que cada mes se clausuran en el país naves industriales, depósitos clandestinos de gasoil y construcciones informales de capital dominicano y de otras nacionalidades. En ninguno de esos casos las autoridades ni las misiones diplomáticas extranjeras atribuyen la falta técnica a la nacionalidad del propietario. Cabe entonces preguntarse por qué la ausencia de un permiso se convierte en asunto de seguridad nacional solo cuando el inversionista es chino.
El mismo patrón se observa en los operativos de Pro Consumidor. Las sanciones por falta de etiquetado o de registros sanitarios en comercios chinos se amplifican con fotografías y titulares sensacionalistas. En cambio, los decomisos de productos vencidos y las clausuras en supermercados, colmados y empacadoras de capital local se tratan como trámites de rutina, sin carga de estigmatización étnica. Esta asimetría en la cobertura, más que en la conducta de los fiscalizados, es lo que alimenta la percepción de que existe un problema exclusivo de un grupo.
La ley debe cumplirse de manera irrestricta y para todos. Desde el CENDOESCH respaldamos la fiscalización laboral, tributaria y sanitaria a cualquier empresa que opere en el país, sin importar el origen de su capital.
Lo que resulta éticamente inaceptable y jurídicamente cuestionable es usar el aparato de comunicación del Estado, y ceder ante presiones geopolíticas externas o proteccionistas locales, para fabricar un chivo expiatorio. Presentar la informalidad como un rasgo del empresario chino distorsiona la realidad estadística, vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley y le resta la certidumbre que requiere la inversión extranjera directa en la República Dominicana. La alternativa es una fiscalización ciega a la nacionalidad, basada en el cumplimiento de la norma y no en el origen de quien la incumple.
Nota: este artículo fue optimizado con el uso de inteligencia artificial.
Por Mihail García y Obed Pichardo
