Las últimas dos semanas he acompañado a Rafael Castillo a escuchar al pueblo de Santo Domingo Este, en una iniciativa que busca identificar las principales problemáticas del municipio para luego, a través del trabajo de un equipo técnico, convertir estas necesidades en propuestas de políticas públicas que permitan solventar las diferentes situaciones que afectan nuestra demarcación.

Me ha llamado poderosamente la atención —y esto lo reitero a pesar de haber denunciado anteriormente el caos de los contenedores en las vías públicas— que la queja más amarga y recurrente de los munícipes gira en torno a la deficiente gestión de los desechos sólidos. En el sector Invi de Los Mina, un comunitario sintetizó el problema con una lucidez conceptual impecable. Al reclamar sobre estas estructuras que obstruyen el tránsito y afean el entorno, señalaba que el daño estético y vial es apenas lo mínimo. Lo verdaderamente grave, explicaba, es que las autoridades han convertido en política pública lo que técnicamente debió ser una excepción. Palabras más, palabras menos, su reclamo fue contundente: «Estamos cansados de que nos pongan a nosotros mismos a botar la basura para esquivar que el camión pase todos los días por nuestra casa, o por lo menos con una frecuencia determinada; y en cambio, lo que tenemos es una serie de cajas que nos incitan a tener vertederos en cada una de nuestras esquinas».

Y es exactamente así. Al institucionalizar estas estructuras mamey y verdes, las autoridades de Santo Domingo Este han terminado normalizando una deficiencia operativa, forzando a los ciudadanos a realizar el trabajo logístico que por ley le corresponde al ayuntamiento. Los vertederos a cielo abierto pululan dondequiera que existe uno de estos contenedores, convirtiendo el espacio público en un foco de contaminación.
Esta realidad también nos obliga a hacer un ejercicio que toda gestión pública debe estar dispuesta a superar: contrastar lo prometido con lo ejecutado.

En ese sentido, el Plan de Gobierno Municipal presentado por la actual administración planteaba una ciudad organizada, planificada y moderna, sustentada en soluciones integrales para problemas estructurales como la gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, al recorrer los barrios, la percepción ciudadana parece apuntar en una dirección distinta. Allí donde se prometía planificación, los vecinos denuncian improvisación; donde se hablaba de soluciones permanentes, encuentran medidas que terminan trasladando parte de la responsabilidad del ayuntamiento a los propios munícipes.

A esa distancia entre el discurso y la realidad se suma otro elemento igualmente preocupante. Las grandes transformaciones de una ciudad no se construyen desde un escritorio ni pueden imponerse mediante una estrategia de comunicación. Requieren diálogo, planificación y legitimidad social. Resulta difícil hablar, por ejemplo, de una verdadera marca ciudad cuando no se convoca al Consejo Económico y Social del municipio, cuando no se articulan mesas técnicas permanentes con los distintos sectores de Santo Domingo Este y cuando las decisiones estratégicas no nacen del consenso entre autoridades, comunitarios, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Una marca ciudad no puede ser el punto de partida; debe ser la consecuencia natural de una ciudad que primero logró organizarse, planificarse y construir una visión compartida de desarrollo.

Precisamente ahí radica el valor de las jornadas que realizamos de manera constante junto a Rafael Castillo. Su propósito no es la simple recopilación pasiva de quejas ni el usufructo del descontento ciudadano, sino la decantación técnica de esos reclamos vecinales para transformarlos, mediante un riguroso equipo de profesionales, en propuestas viables, presupuestadas y realizables. Escuchar a la gente no constituye un acto de campaña; constituye el primer paso para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales del municipio.

El Invi de Los Mina, las circunscripciones que componen nuestro municipio y todo Santo Domingo Este exigen un retorno inmediato a la planificación, al respeto de las instituciones y a una gestión pública que vuelva a colocar al ciudadano en el centro de las decisiones. Porque cuando una excepción termina convirtiéndose en política pública, el problema deja de ser circunstancial y pasa a convertirse en un modelo de gestión.

El desarrollo de nuestro municipio no se alcanzará con maquetas conceptuales de escritorio, promesas fantasiosas de campaña ni con el traspaso abusivo de las obligaciones municipales a las costillas y al tiempo del ciudadano de a pie. Urge recuperar con responsabilidad el valor de la palabra empeñada en la política y sustituir, de una vez por todas, la cultura de la improvisación por una gestión gerencial, participativa y planificada que devuelva el orden, la dignidad y el valor al espacio público de nuestra gente.

Por: Mihail García