Por: Juan R. Mejía Betances

Cada cierto tiempo, la República Dominicana revive el mismo debate: ¿qué gobierno ha endeudado más al país? Se comparan miles de millones de dólares, porcentajes del PIB y estadísticas oficiales, como si una sola cifra pudiera resumir la calidad de una política de endeudamiento.

Sin embargo, esa discusión —aunque legítima— resulta incompleta. Es tan limitado como evaluar la salud de una empresa únicamente por el tamaño de sus préstamos, sin preguntarnos para qué los tomó, qué activos construyó con ellos o si aumentó su capacidad para generar riqueza. Con los Estados ocurre exactamente lo mismo. La verdadera pregunta no es solo cuánto debe un país, sino cuánta libertad conserva después de endeudarse y qué patrimonio duradero edificó con esos recursos.

Por eso considero que el debate económico dominicano debe evolucionar hacia un estándar más completo, sustentado en dos indicadores complementarios: la Soberanía Presupuestaria y el Retorno Patrimonial del Endeudamiento.

El primero de estos conceptos fue desarrollado por el economista Haivanjoe Ng Cortiñas en su obra El latido de la deuda pública: por qué el flujo de la deuda importa más que el saldo. Allí define la Soberanía Presupuestaria como el grado de libertad financiera que conserva un Estado para decidir democráticamente la asignación de sus recursos, una vez descontados los compromisos financieros previamente adquiridos.

La lógica es contundente: antes de atender prioridades como educación, salud e infraestructura, el Estado debe pagar los intereses de la deuda. Los datos oficiales reflejan una evolución preocupante de esta carga financiera. En 2005, los intereses representaban el 8% del gasto ejecutado, dejando RD$92 de cada RD$100 realmente disponibles. Para el cierre de 2025, absorbieron cerca del 20%, reduciendo el margen disponible a apenas RD$80. En dos décadas, perdimos doce puntos porcentuales de soberanía presupuestaria.

Al analizar el período 2019-2025, la tendencia se agrava: la soberanía presupuestaria descendió del 83% al 80% en medio de un endeudamiento acelerado. Esta pérdida de flexibilidad financiera coincide, además, con el registro de los niveles más bajos de inversión de capital y un continuo aumento del gasto corriente. La combinación plantea una pregunta inevitable: si estamos tomando prestado a un ritmo histórico en un contexto de menor inversión productiva, ¿qué patrimonio permanente estamos construyendo?

Aquí entra en juego el segundo indicador: el Retorno Patrimonial del Endeudamiento.

Este concepto busca responder una pregunta que pocas veces forma parte del debate público: ¿qué activos productivos deja la deuda? No basta con saber cuánto dinero se tomó prestado; es indispensable conocer cuánto de ese financiamiento terminó convertido en infraestructura, energía, agua, conectividad, educación o cualquier otro activo capaz de elevar la productividad del país.

El indicador deuda/PIB es útil y necesario, pero por sí solo no mide la calidad del endeudamiento. Esa relación puede mejorar por crecimiento del PIB o factores coyunturales. Esto puede ocurrir cuando el crecimiento económico se concentra en sectores con amplios incentivos fiscales. El PIB aumenta, pero los ingresos del Estado no crecen al mismo ritmo, un fenómeno que los economistas conocen como baja elasticidad tributaria. Como consecuencia, el gobierno dispone de menos recursos propios para financiar sus prioridades y aumenta la presión sobre el endeudamiento y el pago de intereses. Al debilitarse los ingresos del Estado frente al tamaño de la economía, se termina comprometiendo la soberanía presupuestaria. Incluso un país puede exhibir una razón deuda/PIB estable y, al mismo tiempo, destinar una proporción creciente de su presupuesto al pago de intereses.

Por eso la discusión no debe limitarse a cuánto representa la deuda respecto al tamaño de la economía. Debe incorporar otra pregunta igual de importante: ¿esa deuda está fortaleciendo la capacidad productiva del país o simplemente está financiando el funcionamiento cotidiano del Estado?

La diferencia es enorme; es la diferencia entre una deuda que construye riqueza y una deuda que simplemente traslada obligaciones hacia el futuro.

Cuando el endeudamiento financia inversión de capital, las futuras generaciones heredan la obligación de pagar y los activos que ayudarán a producir la riqueza necesaria para honrarla. Cuando se utiliza principalmente para gasto corriente, reciben únicamente la factura.

Durante las administraciones del presidente Leonel Fernández, el endeudamiento estuvo vinculado a una estrategia de transformación nacional basada en inversión de capital. Obras como el Metro de Santo Domingo, los corredores viales, elevados y túneles, los acueductos, hospitales, las extensiones de la UASD, la creación del ITLA y diversos proyectos energéticos no constituyeron gastos aislados, sino inversiones que ampliaron la infraestructura económica y social del país.

Es perfectamente legítimo debatir el monto, las condiciones o el ritmo del endeudamiento de aquellos años. Sin embargo, resulta innegable que una parte significativa de esos recursos quedó convertida en patrimonio público. Dos décadas después, muchas de esas obras continúan prestando servicios, elevando la competitividad, generando actividad económica y mejorando la calidad de vida de millones de dominicanos. Las generaciones que hoy contribuyen a pagar esa deuda también disfrutan diariamente de sus beneficios. Ese es, precisamente, el sentido de un endeudamiento orientado al desarrollo.

El mismo criterio debe aplicarse a cualquier administración. Toda deuda debería responder dos preguntas fundamentales: ¿cuánta soberanía presupuestaria deja? y ¿cuánto patrimonio genera?

Si queremos elevar la calidad del debate económico nacional, debemos dejar de discutir exclusivamente cuánto debemos. También debemos exigir cuentas sobre qué patrimonio estamos construyendo y cuánta libertad presupuestaria estamos preservando para las próximas generaciones.

Porque, al final, los países no progresan por endeudarse poco ni fracasan por endeudarse mucho. Progresan cuando, guiados por la Estrategia Nacional de Desarrollo, utilizan el crédito para ampliar su infraestructura productiva, fortalecer su capital humano y sentar las bases para que las generaciones futuras hereden oportunidades, no solo obligaciones.