Por: Manuel Brito

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) exigen mucho más que preocupación: demandan revisar las políticas públicas, los protocolos y, sobre todo, la capacidad del Estado para actuar antes de la tragedia.

Entre 2021 y 2025, 724 mujeres murieron en condiciones violentas; 344 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y 52 eran menores de 15 años.

No son números: son vidas, familias y comunidades destruidas.

Una responsabilidad institucional

Este llamado está dirigido al Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, gobiernos locales y demás instituciones vinculadas a esta problemática.

La pregunta es inevitable:

¿Qué estamos haciendo antes de que ocurra el crimen?

La responsabilidad del Estado comienza cuando aparecen las primeras señales: amenazas, control, celos, aislamiento, agresiones, intimidación o denuncias.

Prevenir es actuar antes 

Más del 50 % de estos hechos ocurrieron en viviendas. Por ello, una amenaza o denuncia de violencia debe generar evaluación de riesgo, protección y seguimiento efectivo.

Una orden de protección no puede ser un simple documento: debe significar protección real.

Cuando una mujer muere después de haber pedido ayuda, debe determinarse qué ocurrió antes de la tragedia: qué señales existieron, quién las conoció, quién debía actuar, si se actuó oportunamente y dónde falló la cadena de protección.

No para buscar culpables institucionales automáticamente, sino para corregir fallas, omisiones, demoras y falta de coordinación.

También hay que trabajar con los hombres 

La prevención no puede recaer únicamente sobre la mujer. Debemos trabajar también con los hombres que ejercen violencia mediante programas de educación emocional, manejo de celos, resolución pacífica de conflictos, masculinidades no violentas y tratamiento de conductas agresivas.

Armas y violencia

Según las estadísticas citadas, 263 muertes estuvieron vinculadas a armas de fuego y 239 a armas blancas u objetos cortopunzantes.

Una amenaza acompañada de acceso a un arma debe ser considerada una situación de alto riesgo y recibir una respuesta diferenciada.

Una propuesta concreta

Proponemos un Sistema Nacional de Alerta y Seguimiento de Mujeres en Situación de Alto Riesgo, que permita:

* Identificar y clasificar los niveles de riesgo.
* Dar seguimiento real a las órdenes de protección.
* Coordinar Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y Salud Pública.
* Garantizar protección inmediata en casos de alto riesgo.
* Dar seguimiento a agresores reincidentes o peligrosos.
* Fortalecer orientación y denuncia.
* Evaluar periódicamente los casos.
* Revisar cada feminicidio para determinar si existieron señales previas que pudieron ser atendidas.

*724 mujeres. 724 razones para actuar

No podemos permitir que estas cifras terminen archivadas como una estadística más.

Cada número representa una vida. Cada muerte, una familia destruida. Y cada caso evitable, una responsabilidad que nos obliga a actuar.

La prevención de la violencia contra la mujer debe ser una política de Estado, no una responsabilidad aislada.

A las autoridades les corresponde actuar.
A las instituciones, coordinarse.
A la sociedad, no guardar silencio.

Porque después de la tragedia solo queda investigar y sancionar.

Prevenir es actuar antes.

Por las 724 mujeres.
Por sus familias.
Por las que hoy viven bajo amenaza.
Y por aquellas cuya muerte todavía podemos evitar.

Santo Domingo, República Dominicana
25 de agosto de 2026

𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵 𝓑𝓻𝓲𝓽𝓸
𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐/*Periodista*

𝓗𝓪𝓼𝓽𝓪 𝓾𝓷𝓪 𝓹𝓻ó𝔁𝓲𝓶𝓪 𝓮𝓷𝓽𝓻𝓮𝓰𝓪, 𝓼𝓲 𝓓𝓲𝓸𝓼 𝓵𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓶𝓲𝓽𝓮. !!!