Cada inicio de año escolar trae consigo la esperanza de miles de familias dominicanas de ver a sus hijos comenzar una nueva etapa de aprendizaje. Sin embargo, para muchos padres esa ilusión rápidamente se transforma en frustración, incertidumbre y desesperación.

Nuestra gente vive una lucha constante con los altos costos de la canasta básica e inseguridad. Ahora se ha agregado otro dolor de cabeza y es preocupante que en pleno 2026 conseguir un cupo en una escuela pública siga siendo una de las principales preocupaciones de las familias. La educación no es un privilegio ni un favor político; es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y garantizado por las leyes de la República Dominicana.

En los últimos días he recibido, como ocurre cada año, llamadas de amigos, vecinos y relacionados con una misma pregunta: «¿Conoces a alguien que pueda ayudarme a conseguir una inscripción?» Resulta alarmante que para acceder a un servicio público tan esencial haya que necesitar una recomendación o una influencia.

La respuesta que reciben en la mayoría de los centros educativos de nuestra circunscripción es exactamente la misma: «No hay cupos disponibles.»

Detrás de esas cuatro palabras hay padres que recorren varias escuelas bajo el sol, madres que hacen largas filas desde la madrugada y niños que ven retrasado el inicio de su educación por una falta de planificación que parece repetirse año tras año.

La realidad obliga a preguntarnos: ¿cómo es posible que el gobierno central no pueda anticipar la demanda escolar cuando conoce el crecimiento poblacional de cada comunidad? La planificación educativa no puede improvisarse cada agosto.

A este desafío se suma otro tema que merece ser tratado con responsabilidad y basado en datos. Según cifras oficiales y de organismos internacionales, los estudiantes de nacionalidad extranjera representan una parte importante de la matrícula del sistema educativo público, predominando los estudiantes de origen haitiano.

La República Dominicana ha demostrado históricamente solidaridad al garantizar el acceso a la educación de todos los niños presentes en nuestro territorio. Ese principio debe mantenerse. Sin embargo, esa realidad también exige una mayor planificación, más inversión y una distribución adecuada de los recursos para que esa responsabilidad no termine afectando el derecho de los estudiantes dominicanos a recibir educación oportuna.

No se trata de enfrentar a unos niños con otros ni de promover discursos de exclusión. Se trata de reconocer una realidad que impacta la capacidad del sistema educativo y de exigir que el Estado planifique en función de la demanda real de las aulas.

Los dominicanos no pueden seguir enfrentando dificultades para inscribir a sus hijos mientras las autoridades responden con indiferencia. Cada niño que queda fuera de un aula representa un fracaso de la planificación pública.

La educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de la pobreza, reducir la desigualdad y construir un mejor país. Por eso no podemos normalizar que cada año escolar comience con las mismas filas, las mismas quejas y la misma respuesta de siempre.

Es momento de que el Ministerio de Educación presente un plan serio para ampliar la capacidad de las escuelas públicas, construir nuevos centros donde sean necesarios, redistribuir la matrícula y garantizar que ningún niño, dominicano o extranjero, vea vulnerado su derecho a la educación.

Porque un país que no puede garantizar un pupitre para sus niños está fallando en una de sus responsabilidades más elementales.

La educación debe ser un derecho garantizado, no una carrera de obstáculos para los padres dominicanos.

Por: Misael Lachapel